Hubo una época en que las figuras públicas dependían de un editor, un canal de televisión o una revista para llegar a millones de personas. Hoy basta un teléfono, una conexión a internet y un algoritmo dispuesto a premiar lo extremo.
Esa democratización del alcance ha sido celebrada como una revolución. Pero también ha creado un vacío incómodo: ¿qué ocurre cuando el contenido viral cruza los límites éticos y afecta a un ser vivo que no puede defenderse?
El reciente video de la influencer chilena Josefa Sáez, donde aparece dando wasabi a su perro para registrar su reacción, abrió una conversación que trasciende un clip de pocos segundos. No se trata únicamente de una polémica en redes sociales. Es una pregunta sobre el lugar que ocupan los animales en nuestra sociedad, sobre la responsabilidad de quienes viven de captar atención y sobre si la justicia digital está reemplazando, para bien o para mal, a la justicia institucional.
La Ley Cholito: un avance que todavía deja preguntas
Chile avanzó significativamente con la llamada Ley Cholito, que reconoce a los animales como seres vivos y obliga a sus tenedores a garantizar su bienestar, prohibiendo el maltrato y la crueldad.
Sin embargo, la ley enfrenta un desafío evidente cuando los hechos ocurren frente a una cámara y se transforman en entretenimiento.
¿Basta con la indignación pública?
¿Quién determina si un acto constituye realmente maltrato o simplemente una conducta irresponsable?
¿Debe intervenir el Estado de oficio cuando existen registros audiovisuales?
Porque si el bienestar animal depende únicamente del nivel de viralización de un video, entonces no estamos frente a una verdadera política de protección, sino frente a un sistema donde la justicia depende del algoritmo.
No todos los actos irresponsables llegan a millones de personas. Muchos quedan puertas adentro. Otros solo se vuelven visibles porque alguien decidió monetizarlos.
Cuando la atención vale más que el criterio
Las plataformas digitales recompensan aquello que genera reacciones.
No necesariamente lo inteligente.
No necesariamente lo correcto.
Lo impactante.
Ese incentivo económico cambia completamente la ecuación.
Cada visualización representa dinero.
Cada polémica aumenta seguidores.
Cada "funa" puede incluso transformarse en una oportunidad comercial si se administra correctamente.
El problema aparece cuando un animal deja de ser un compañero para convertirse en un accesorio narrativo.
Un recurso humorístico.
Un elemento de un sketch.
Un instrumento para conseguir engagement.
Y allí la discusión deja de ser sobre mascotas.
Se convierte en una discusión sobre ética.
Antes Hollywood no perdonaba
Durante décadas, la industria del entretenimiento entendió que la imagen pública era parte del contrato con la audiencia.
Conductores de televisión fueron despedidos por comentarios considerados ofensivos.
Actores perdieron franquicias millonarias.
Animadores desaparecieron de pantalla por conductas privadas incompatibles con los valores que representaban.
No siempre fue justo.
Muchas veces hubo excesos.
Pero existía una consecuencia profesional.
En la economía de los influencers, en cambio, ocurre un fenómeno paradójico.
Mientras más polémica existe, mayor exposición reciben.
Las marcas suelen guardar silencio.
Las plataformas siguen monetizando.
Los seguidores permanecen.
Incluso el escándalo puede convertirse en contenido.
La sanción profesional dejó de ser automática.
Black Mirror ya imaginó este mundo
La serie Black Mirror lleva años preguntándose qué sucede cuando la tecnología reemplaza los mecanismos tradicionales de justicia.
En varios de sus episodios, las redes sociales funcionan como tribunales populares donde millones de personas emiten sentencia en tiempo real.
Sin jueces.
Sin debido proceso.
Sin contexto.
Solo con indignación.
La "funa" cumple muchas veces una función legítima.
Visibiliza abusos.
Obliga a reaccionar cuando las instituciones fallan.
Da voz a quienes antes no la tenían.
Pero también puede transformarse en un mecanismo impredecible.
Las mismas redes que hoy castigan un comportamiento cuestionable mañana pueden destruir una vida por una información incompleta.
El problema aparece cuando confundimos viralidad con verdad.
Y cuando creemos que los comentarios reemplazan al Estado.
¿Quién protege realmente a los animales?
Aquí surge la pregunta más importante.
Si un influencer publica contenido potencialmente perjudicial para un animal:
¿Quién interviene?
¿El Servicio Agrícola y Ganadero?
¿Las municipalidades?
¿Las policías?
¿Las fiscalías?
¿Las organizaciones animalistas?
¿Las plataformas digitales?
Hoy la respuesta parece difusa.
La mayor consecuencia suele ser la condena pública.
Pero la indignación no reemplaza las instituciones.
Porque si realmente creemos que los animales son seres sintientes, entonces la protección no puede depender únicamente de cuántas veces fue compartido un video.
Necesitamos protocolos claros.
Denuncias rápidas.
Investigaciones oportunas.
Y criterios objetivos que distingan entre un error, una negligencia y un acto constitutivo de maltrato.
¿Estamos criando una generación sin límites?
Existe otra pregunta todavía más incómoda.
¿Qué aprenden millones de niños cuando ven que cualquier cosa puede transformarse en contenido?
Durante años se insistió en que internet era solo un reflejo de la sociedad.
Quizás ya no.
Quizás hoy internet también la está educando.
Los creadores de contenido poseen un poder cultural comparable al que antes tenían los canales de televisión.
La diferencia es que muchas veces ese poder opera sin editores, sin productores, sin códigos éticos y sin mecanismos efectivos de supervisión.
Cuando la búsqueda permanente de atención elimina la capacidad de distinguir entre lo divertido y lo cruel, el problema deja de ser individual.
Se vuelve colectivo.
La cancelación no puede ser la única respuesta
No todo error merece una muerte civil.
La cultura de la cancelación ha demostrado ser tan arbitraria como selectiva.
Algunos son expulsados del espacio público.
Otros sobreviven sin mayores consecuencias.
La diferencia suele estar en el tamaño de su comunidad, en la capacidad para controlar el relato o en la velocidad con que llega una nueva polémica.
Una sociedad madura no debería elegir entre la impunidad absoluta y el linchamiento digital.
Necesita instituciones que funcionen.
Leyes que se apliquen.
Educación en bienestar animal.
Y plataformas que entiendan que monetizar contenido también implica asumir responsabilidad sobre los incentivos que generan.
El verdadero debate
El caso de Josefa Sáez probablemente pasará.
Como pasan casi todas las controversias digitales.
Mañana habrá un nuevo escándalo.
Un nuevo video.
Una nueva funa.
Pero la pregunta permanecerá.
¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el sufrimiento —real o potencial— puede convertirse en entretenimiento?
La forma en que tratamos a los animales siempre ha sido uno de los mejores indicadores del nivel de empatía de una civilización.
Y la forma en que reaccionamos frente a quienes utilizan esa relación para conseguir atención también dirá mucho sobre nosotros.
Porque el verdadero peligro no es únicamente que un influencer olvide los límites.
Es que como audiencia dejemos de reconocer que existen.
Añadir comentario
Comentarios