Hay algo mucho más grave que todos los escándalos de esta semana.
No es una influencer que obliga a su perro a comer colillas de cigarro para esconder que es fumadora.
No es otra que le da wasabi a su mascota, pide perdón y se defiende diciendo que no sabía que estaba mal.
No es una creadora de contenido grabándose conduciendo a más de 200 kilómetros por hora como si la carretera fuera un videojuego.
No es un asesor político haciendo bromas sobre niños con TEA, mujeres, familiares y menores de edad para provocar risas fáciles.
No es una exministra que, meses después de abandonar el cargo, decide contar lo que calló mientras era la voz oficial del Gobierno.
No es una influencer ofreciendo ocho millones de pesos en Instagram para encontrar a una mujer.
No es que grandes marcas comiencen a abandonar a quienes hace apenas unos años consideraban el futuro del marketing.
No.
Todo eso es apenas el síntoma.
La enfermedad es otra.
Chile perdió el pudor.
Perdimos la capacidad de distinguir entre lo íntimo y lo público, entre la libertad y la irresponsabilidad, entre ser auténtico y convertir la imprudencia en una marca personal.
Vivimos en una sociedad donde todo debe transformarse en contenido.
Absolutamente todo.
El accidente.
La pelea.
La infidelidad.
La tragedia.
La mascota.
Los hijos.
La denuncia.
La disculpa.
La salud mental.
La muerte.
Todo existe para ser grabado.
Porque hoy parecería que vivir importa menos que demostrar que se vivió.
El algoritmo no recompensa la verdad.
Premia la intensidad.
Mientras más absurdo, más viral.
Mientras más extremo, más rentable.
Mientras más indignación produzca, mayor será el alcance.
Y ahí está la verdadera tragedia: dejamos de competir por ser mejores personas y empezamos a competir por captar más segundos de atención.
Las redes sociales nos convencieron de que cualquier opinión merece un micrófono.
Nunca nos enseñaron que ese micrófono también trae responsabilidad.
La libertad de expresión jamás significó libertad de consecuencias.
Si un humorista, un político, un influencer o un periodista decide hablar, tiene ese derecho.
Pero la sociedad también tiene derecho a responder.
Y una empresa tiene derecho a preguntarse si quiere que su marca aparezca al lado de determinadas conductas.
Eso no es censura.
Es reputación.
La diferencia parece obvia.
Sin embargo, vivimos tan acostumbrados al personaje digital que cualquier consecuencia real se interpreta como persecución.
Pero tampoco caigamos en la otra trampa.
La cancelación se convirtió en una droga social.
No queremos corregir.
Queremos ejecutar.
No buscamos reflexión.
Buscamos el linchamiento.
Nos encanta destruir personas con la misma velocidad con la que, semanas antes, las convertimos en celebridades.
Fabricamos ídolos descartables.
Después disfrutamos viendo cómo caen.
El hate ya no tiene dirección.
Es un boomerang.
Recibe odio quien comete el error.
Recibe odio quien denuncia el error.
Recibe odio quien lo defiende.
Recibe odio quien guarda silencio.
Ya no importa la verdad.
Importa participar.
Y en medio de todo aparece la salud mental.
Una expresión indispensable.
Necesaria.
Urgente.
Pero peligrosamente utilizada como comodín.
Porque explicar una conducta no equivale a absolverla.
La ansiedad no convierte la crueldad en virtud.
La impulsividad no transforma la negligencia en accidente inevitable.
El sufrimiento merece empatía.
No inmunidad.
También deberíamos hablar del lenguaje.
Porque las palabras nunca son "solo palabras".
Cada chiste normaliza una idea.
Cada burla instala un límite nuevo.
Cada deshumanización abre la puerta para la siguiente.
Las sociedades no se degradan de un día para otro.
Se acostumbran lentamente.
Primero ríen.
Después toleran.
Finalmente normalizan.
Mientras discutimos durante horas el último escándalo viral, el país sigue enfrentando problemas bastante menos entretenidos.
El Estado moviliza importantes recursos para rescatar a personas que se internan en zonas de riesgo y requieren operaciones complejas para salvar sus vidas. Al mismo tiempo, millones de ciudadanos vuelven a pagar más por llenar el estanque de sus vehículos debido a un nuevo aumento en los combustibles.
Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Salvar vidas es un deber ineludible.
Pero también es legítimo preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando una imprudencia termina financiándose con recursos de todos.
Las preguntas incómodas no son falta de solidaridad.
Son parte de una democracia adulta.
Lo más inquietante es que este escenario ya lo habíamos visto.
No en Chile.
En la ficción.
Durante décadas consumimos series donde las personas medían su valor por seguidores, donde la reputación se destruía en cuestión de minutos, donde la identidad digital era más importante que la vida real, donde las pantallas decidían quién existía y quién desaparecía.
Nos parecía exagerado.
Hoy parece un documental.
Vivimos un multiverso permanente.
Una versión para Instagram.
Otra para TikTok.
Otra para LinkedIn.
Otra para X.
Otra para los amigos.
Y otra, quizá la única auténtica, que casi nadie conoce.
Nunca fue tan fácil fabricar personajes.
Nunca fue tan difícil encontrar personas.
Quizás por eso los escándalos ya no nos sorprenden.
Solo esperamos el siguiente.
Porque aprendimos a consumir indignación como antes consumíamos teleseries.
El problema es que aquí no hay guionistas.
Hay animales que sufren.
Hay personas heridas.
Hay familias afectadas.
Hay niños que leen.
Hay instituciones cuya confianza se erosiona.
Hay marcas que pierden millones.
Hay trabajadores despedidos.
Y hay una sociedad que, mientras exige responsabilidad a todos los demás, rara vez se detiene a preguntarse cuánto contribuye al mismo sistema que dice detestar.
Quizás Chile no está viviendo una crisis de influencers.
Ni una crisis política.
Ni una crisis comunicacional.
Está viviendo una crisis de límites.
Porque cuando todo puede convertirse en contenido, cualquier límite parece un enemigo.
Y una sociedad que deja de respetar los límites termina descubriendo, tarde o temprano, que también perdió el respeto por sí misma.
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