La llamada “ley corta” de Isapres (Ley N° 21.674) no solo resolvió una crisis financiera. También expuso, con una claridad incómoda, cómo opera el poder en Chile cuando los intereses económicos chocan con la justicia. Porque aquí no estamos ante un error aislado ni frente a una simple falla regulatoria: estamos frente a un sistema que, al verse amenazado, activó todos sus mecanismos de defensa.
Durante años, las Isapres aplicaron cobros que la Corte Suprema de Chile terminó declarando ilegales. No fue una desviación puntual; fue una práctica extendida, sistemática y, en términos prácticos, altamente rentable. La justicia hizo su parte: ordenó devolver lo cobrado indebidamente. Hasta ahí, el equilibrio de poderes parecía funcionar.
Pero entonces apareció el verdadero límite del sistema.
Cuando el cumplimiento íntegro de la ley amenazó la estabilidad del modelo, el Congreso intervino. No para desconocer el fallo —eso habría sido inaceptable—, sino para domesticar sus efectos. Se permitió pagar en cuotas, se ajustaron las condiciones y, en la práctica, se diluyó el impacto inmediato de una sanción que, de haberse ejecutado con toda su fuerza, habría sido ejemplar.
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política.
Porque el mensaje implícito es peligroso: cuando el incumplimiento es masivo y estructural, cuando involucra a actores con poder suficiente para desestabilizar el sistema, la ley se vuelve negociable. No en su contenido, pero sí en su aplicación. Y esa diferencia —aparentemente sutil— es la que erosiona la confianza pública.
En cualquier democracia sana, el equilibrio de poder supone que nadie está por sobre la ley. Sin embargo, lo ocurrido sugiere otra lógica: algunos actores no pueden caer, no porque sean inocentes, sino porque su caída arrastraría demasiado consigo. Es la vieja idea de que hay instituciones “demasiado grandes para fallar”, trasladada ahora al ámbito de la salud.
El problema no es solo económico. Es profundamente moral.
Cuando las sanciones son débiles o diferidas, cuando las responsabilidades personales se diluyen y cuando el costo se distribuye en el tiempo, la señal que recibe la sociedad es clara: infringir la ley puede ser un buen negocio, siempre que se haga a gran escala. Y peor aún, se instala la percepción de que existen “dueños del sistema” capaces de torcer, o al menos amortiguar, las consecuencias de sus propios actos.
Esto no significa desconocer la complejidad del dilema. Un colapso del sistema de salud privada habría tenido efectos reales sobre millones de personas, incluyendo a quienes nunca participaron en los abusos. Pero precisamente por eso, la respuesta debió ser más sofisticada: castigar con fuerza a los responsables, proteger a los usuarios y reformar el modelo de fondo. No optar por una solución que, en la práctica, protege la continuidad del negocio por sobre la contundencia de la justicia.
La ley corta evitó una crisis inmediata. Pero dejó abierta una herida más profunda: la sensación de que el poder económico, cuando se ve amenazado, no solo negocia con la política, sino también con el alcance real de la ley.
Y en esa negociación, lo que está en juego no es solo el futuro de las Isapres, sino la credibilidad misma del Estado.
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